Los
Debates Para La Paz
I
Parte
Francisco
Tolosa
Inicia el año
2015 con la expectativa común de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, para
que el actual proceso de paz se consolide y avance firmemente hacia la solución
política. Pero la superficialidad mediática con que se presenta este
trascendente tránsito de nuestra historia contemporánea, pretende
intencionadamente ocultar ingentes amenazas y debates sustanciales que hoy
requieren sortearse para llegar al ansiado acuerdo de paz.
El llamado del
presidente Santos, con el guiño de sus asesores internacionales y su prensa
áulica a acelerar el proceso, solo puede tener curso si se agilizan y se avanza
francamente en los grandes temas irresueltos y necesarios para la solución
política, definidos muy bien por el delegado gubernamental Humberto De la
Calle, como asuntos de gran complejidad. El gobierno y su aparato
propagandístico no pueden seguir presentando la firma del acuerdo final como
una cuestión mecánica o de tiempos naturales, sino asumir que es un proceso
atravesado por las voluntades, polémicas, decisiones y acciones de los sujetos
políticos tranzados en el conflicto armado. La mesa de La Habana no es la
maquinita temporizada para producir la paz exprés con la que tanto soñó el
bloque hegemónico, sino un campo de batalla político entre pares donde se
acrisola hoy el debate sobre el poder en Colombia y se define el cierre de una
extensa e ignominiosa etapa histórica de nuestro país.
El largo camino recorrido no puede eclipsar el
aun difícil trecho que falta por avanzar para conquistar la meta, sino que por
el contrario sopesa la gran valía de los pasos hasta ahora dados con los
acuerdos parciales y demás hechos de paz, pero al tiempo exige la presentación
nítida de las discusiones esenciales que deberán ser encausadas para el feliz término
de los diálogos.
Experto en
maquillaje mediático, el presidente parece más interesado en apaciguar a los
enemigos de la paz, que en abordar madura y decididamente realidades palmarias
para la finalización del conflicto armado en Colombia. El establecimiento, sus
medios de difusión y sus analistas fletados, vienen escondiendo debates
ineludibles y presentando a la opinión pública sus posiciones unilaterales como
verdades dadas, acuerdos consumados o reglas incontrovertibles: ni referendo,
ni justicia transicional, ni
desmovilización, ni marco legal, ni el presupuesto del posconflicto aparecen
mencionados en los acuerdos hasta ahora firmados, y son hoy meras propuestas
gubernamentales. Tanta engañifa propagandística se debe al temor a desmontar su mentira
repetida hasta el cansancio de la victoria militar del estado colombiano, que
muestra falazmente a la mesa de La Habana como un reclinatorio para la
rendición de la insurgencia y a la vana esperanza que de cacarear sus
propuestas en la prensa estas sean aceptadas.
Debates son los
que aún faltan. Pecando de atrevido, presento por lo menos 5 nudos gordianos de
discusión que atisban para cualquier atento observador del proceso, 5 nudos
gordianos que debemos desatar para la construcción de la anhelada paz en este
año 2015:
1. El desescalamiento de la guerra y el Cese bilateral de fuegos
2. El auténtico marco legal para la paz está por construirse
3. El concepto de “Dejación de armas” y “Fin de conflicto”
4. El despegue y encuentro del diálogo con el ELN
5. Participación popular, refrendación y ANC.
1.
El desescalamiento de la guerra y el Cese bilateral de fuegos
El esquema sionista
de “dialogar como si no se combatiera, combatir como si no se dialogara”
impuesto por el gobierno nacional, además de ser macabro ha demostrado que
atenta contra el proceso mismo y solo alimenta a los caldereros de la guerra,
enemigos de la mesa de conversaciones. Parte de la consolidación de la
confianza en un proceso de paz regido por la cláusula de que “nada está
acordado, hasta que todo esté acordado” pasa por lograr que el conjunto de la
población se sienta prontamente aliviada del drama cotidiano de la guerra.
Si las dos
partes se encuentran comprometidas –tal cual lo han manifestado- en llegar a un
acuerdo para el fin del conflicto, carece de todo sentido la continuidad de las
acciones de guerra con sus consabidas pérdidas humanas. El carácter bilateral
de este armisticio es apenas la consecuencia lógica de la simetría requerida
para la interlocución en una mesa entre dos partes contendientes de un
conflicto armado. Las recientes manifestaciones del presidente Santos, aunadas
a la posición enarbolada por la insurgencia desde el inicio de los diálogos y
el creciente clamor popular para un cese bilateral efectivo desde antes del
acuerdo final, ponen la declaración de esta necesaria tregua en primera línea
para la consolidación y fortalecimiento del proceso.
La oposición de
sectores del uribismo y de las FFMM a esta conquista ineludible para el proceso
de paz, si bien tiene su causalidad en los réditos económicos y políticos que
les otorga la guerra, pasa también por la resistencia a reconocer en la práctica
la falsedad de su discurso que decretó “el fin del fin” de la guerrilla hace ya
7 años, así como la vacuidad de toda su perorata anti-terrorista. El fondo en
éste como en todos los debates será el mismo: La Habana no es el altar de
rendición de las FARC sino la
posibilidad de un acuerdo nacional para la paz.
Paralelo a la
discusión del imperioso armisticio para fortalecer y blindar el proceso de
cualquier posible desestabilización, urge el avance en un acuerdo especial
humanitario de desescalamiento o desmonte de la guerra que vaya dirigido a
morigerar algunos de los efectos más sentidos de la confrontación que incluso
no se contemplarían en el cese bilateral de fuegos. Este convenio sería acorde
al artículo 3 común de los Protocolos de Ginebra y podría incluir entre otros
tópicos el desminado, los prisioneros de guerra, el uso desproporcionado de la
fuerza y armamento asimétrico, o la participación de menores en el conflicto.
La instalación de la comisión técnica con comandantes de ambos bandos, es el
escenario más que propicio para concretar prontamente todos los compromisos
requeridos por estos importantes pasos para la paz de Colombia y definir los
múltiples detalles operativos que requieren acuerdos de este calado, así como
las condiciones de la necesaria verificación internacional y nacional para su
cumplimiento.
El cese
bilateral de fuegos previo al acuerdo final, será un claro cernidor sobre la
real voluntad de paz de las partes. El presente cese unilateral de las FARC-EP
ha disipado las dudas que sembraban sus más enconados detractores alrededor de
la unidad de mando y disciplina de todas sus unidades. Frente al estado, son
mayores los interrogantes: luego de muchos años se pondrá a prueba la
subordinación de las FFMM al poder civil y el grado de cohesión de éstas frente
al proceso de paz. Su actuación en medio de un armisticio demostrará el
anacronismo de un pie de fuerza hipertrofiado para un país en paz, y pondrá
sobre la mesa el debate de la reorientación y reestructuración de la fuerza pública
acorde a sus auténticas funciones
constitucionales y patrióticas.
2.
El auténtico marco legal para la paz está por construirse aun.
La construcción
de la paz y el fin del componente armado del conflicto es ante todo un proceso
político, que como todas las grandes transformaciones históricas en el mundo,
lejos de someterse a ordenamientos jurídicos pre-establecidos gesta una nueva
normatividad legal acorde al cambio de época generado. En contravía a esta
realidad y fieles a la nefasta tradición de la oligarquía santanderista,
experta en disfrazar con filigranas leguleyas sus golpes políticos, desde
varias tribunas periodísticas e institucionales se propala una matriz mediática
que presenta el sometimiento a la actual
legalidad y la cárcel para los insurgentes, como único destino posible del
acuerdo de paz.
Desconociendo
todas las experiencias históricas internacionales de acuerdos de paz, invocando
acomodaticiamente el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, se exhiben
estos mecanismos como un “ gran Leviatán jurídico” que desautorizaría cualquier
acuerdo de paz que no signifique atiborrar las ya de por sí hacinadas prisiones
colombianas. Estos mitos judiciales que se inducen en la opinión pública para
amedrentar incautos y promocionar su propuesta de “justicia transicional”, no
poseen mayor asidero que el de imponerle cortapisas a la solución política a
nuestro conflicto.
Al ser Colombia
el primer proceso de paz que debe sortear el Estatuto de Roma, nuestra mesa de
diálogos no está sometida como tal a rígidos antecedentes, ni a jurisprudencia
internacional previa al respecto, por lo que le corresponde construir
soberanamente los caminos que le permitan poner fin al conflicto. Unas
hipotéticas tensiones que pudiesen surgir con la Corte Penal Internacional o
cualquier instancia judicial foránea –piénsese por ejemplo en la justicia
norteamericana- no pueden llevarnos a la conclusión que el acuerdo de paz debe
subordinarse a los múltiples ordenamientos legales externos a la soberanía
colombiana, conciliación técnicamente imposible, sin olvidar por demás que los
estados nacionales como sujetos de derecho internacional conservan de facto la
soberanía judicial y coercitiva incluso en casos de condena expresa por entes
de justicia internacional, como lo muestran múltiples ejemplos contemporáneos. No
podemos olvidar que la aplicación relativa de la jurisdicción internacional se
da también entre otras razones por la sustracción de su cumplimiento de grandes
potencias que como EEUU o Israel han recurrido a crímenes de lesa humanidad. En
términos del sobrino del presidente y director de Semana Alejandro Santos,
eximio portavoz del establecimiento: “Convenientemente, se ha exagerado la
espada de Damocles de la justicia internacional…es más tigre de papel[1]”.
¿Por qué tanta
preocupación gubernamental por ceñir la paz a su versión de los nuevos
componentes penales de la jurisdicción internacional, cuando el estado
colombiano ha violado flagrantemente el derecho internacional para regular la
guerra durante tantos años, desconociendo los protocolos de Ginebra y demás
normatividades? Es una leonina interpretación de la armonización jurídica del
conflicto en Colombia a lo que el doctor De la Calle llama estándares
internacionales aceptables. Para el gobierno es “aceptable” su exégesis del
Estatuto de Roma, pero también burlar el DIH, los tratados de Ginebra y la
tradición jurídica internacional que otorgarían beligerancia a las FARC-EP.
Los mecanismos
de justicia internacional tan invocados por gobierno y sus opinadores, -sobre
los que el estado colombiano hizo reserva hasta 2009-, solo cursan para
impunidad sobre crímenes de lesa humanidad caracterizados por su masividad,
sistematicidad y premeditación contra la población civil -difícilmente
imputables a la insurgencia- , recordando que los procesos de verdad y
reparación son parte sustancial del tratamiento jurídico contra estos, no el
mero sometimiento judicial y penitenciario que pregonan los tinterillos del
establecimiento.
En la soberanía
política y jurídica de Colombia, en el poder constituyente del pueblo soberano
está la salida a este laberinto jurídico en el que quieren encerrar la solución
política: nuestra autodeterminación como pueblo nos posibilita recurrir a
mecanismos de inhibición aceptados en derecho internacional, al reconocimiento
del pluralismo jurídico de facto existente en el conflicto y la nación
colombiana como parte del tratamiento judicial a los hechos de guerra, y al
deber de verdad, reparación y no repetición, -con la participación decisiva de
las víctimas del conflicto- como alternativas distintas al inoficioso espiral
punitivo que aúpan enemigos de la paz.
Este principio
aplica con mayor fuerza frente a las argucias jurídicas derivadas de la
normatividad interna. Pensar que el principio de acuerdo con un movimiento
armado que no ha sido vencido en combate sea el sometimiento a la “justicia” contra la que se ha levantado y
que precisamente ha sido incapaz de reducirlos, además de un craso error
político es un acto que raya en la majadería. Si las FARC-EP aceptaran el
actual ordenamiento jurídico no habría conflicto armado y no se requeriría mesa de diálogo. De lo que se
trata el fin del conflicto no es de encarcelar y juzgar guerrilleros, sino por
el contrario pasa entre otras por liberar a los retenidos y demás prisioneros
políticos, así como cesar la judicialización de opositores.
Para los amantes
de la paz, ésta es un derecho fundamental de los colombianos y bien supremo, superior
a cualquier entramado judicial. La paz se consagra en la misma Carta de 1991
como un fin mismo del estado y con fuerza vinculante, como norma integrada en el
bloque de constitucionalidad. Este bien supremo estrechamente vinculado hoy al
avance del proceso de La Habana, obliga jurídica y políticamente a la reevaluación
de toda la normatividad engendrada por la presente guerra.
Ahora bien, como
ha sido pactado por la misma Mesa, no se trata de intercambiar impunidades, y
las víctimas del conflicto social armado deberán ser reparadas con la verdad y
la garantía de no repetición, pero ésto no se traduce en el sometimiento de los
firmantes del acuerdo de paz a un régimen jurídico y una rama judicial como las
existentes en Colombia, cuestionados hoy por su ilegitimidad no solo por los
alzados en armas. El delito político en su concepción genuina, permite resolver
las situaciones requeridas para la irrupción de los insurgentes a la vida política
legal, pero esto implicará construir un nuevo marco legal para la solución
política acorde a los alcances del acuerdo final y con la participación
decisiva de todo el pueblo soberano.
Lo que queda
claro es que el auténtico marco legal para la paz no es el Acto Legislativo 01
de 2012 aprobado unilateralmente por un legislativo espurio, y que toda la
jurisprudencia nacional que ha cercenado y deformado la categoría del delito
político desde la sentencia C-456/97, debe ser removida. La Habana no es el
sometimiento a la actual legalidad del estado ni a su ilegitima rama judicial,
ni de los insurgentes ni de los demás sectores lacerados por éstas, sino por el
contrario la apertura del proceso constituyente y legal para la gestación de
una legalidad propia para el fin del conflicto.
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