Leer la primera parte
LOS DEBATES PARA LA PAZ
II PARTE
Por: Francisco Toloza
3. Despegue y encuentro del
proceso de paz con el ELN y el EPL.
Un gran interrogante en la perspectiva de la solución política al
conflicto armado, pasa por el desarrollo del proceso de paz con el ELN, -que se
encuentra en su fase exploratoria- , así como por la apertura de conversaciones
con el EPL. La arrogancia del establecimiento, cebada por la mentira de su
supuesta victoria militar, no es un buen principio para el despegue de ningún
proceso de paz con grupos insurgentes que como el ELN y el EPL han hecho
manifiesta su voluntad de diálogo[1]
y se mantienen en actividad política y militar desde hace 5 décadas. El
carácter social y político de la confrontación armada en Colombia, obliga como
en los diálogos de La Habana a construir igualmente con estas guerrillas una
agenda sustantiva que incorpore las problemáticas que han originado y
acicateado la guerra, exigiendo que el estado colombiano renuncie a su visión
minimalista de “paz exprés” también con estas guerrillas.
Aunque para el caso del ELN el proceso lleva más de 2 años y el
inicio de diálogos se anunció hace más de 9 meses, hoy es poco lo que conocemos
sobre el avance de estas conversaciones que requieren del acompañamiento del
conjunto del pueblo colombiano; lo único evidente es la actitud ambivalente por
parte del estado para la concreción de esta mesa, razón que exige la mayor
presión popular para la formalización y fortalecimiento de estos diálogos, así
como para el inicio de conversaciones de paz con la guerrilla del EPL, que
avancen prontamente hacia el cese de fuegos y hostilidades.
Si bien las particularidades
propias del ELN como movimiento político en armas y expresión concreta de un
cúmulo de luchas sociales, hacen pertinente el desarrollo de una mesa con una agenda
específica, también es claro que más allá de la existencia de múltiples mesas
de diálogos es inexorable que éstas
terminen condensándose en un gran proceso por la solución política. La solución
política y la construcción de la paz son un proceso histórico complejo que
requerirá el concurso y confluencia de todas las aristas del conflicto, y la
actual táctica gubernamental de dilatar las conversaciones con las otras
guerrillas no hace otra cosa que aletargar la finalización de esta guerra, que
supuestamente tiene prisa por concluir.
El encuentro y participación de la sociedad en la construcción de la
paz expresado por el ELN, no son una diferencia con las FARC-EP como lo
pregonan los analistas descontextualizados, sino una nítida coincidencia entre
las 2 guerrillas, y de éstas, con todo el espectro democrático del país. Esta
necesaria discusión y participación decisiva del pueblo soberano, que las dos
insurgencias han enfatizado bien podría ser la base de encuentro de las 2 mesas.
Obviamente, los mecanismos de empalme de las distintas mesas en un
único proceso de paz, serán de seguro debates gruesos y también de filigrana
que requerirán de la participación tanto de las delegaciones de paz como del
conjunto del pueblo colombiano; pero estas discusiones y propuestas necesarias
para la paz solo podrán madurar si el estado abandona los ambages y da inicio
al diálogo con las guerrillas del ELN y el EPL.
4. La concepción de “Dejación de
armas” y de “Fin del conflicto”
En el punto 3 consagrado en el Acuerdo General de La Habana,
denominado Fin del Conflicto, se condensan tal vez varias de las aristas de más
álgida discusión, dado el sesgo e inquina con que el establecimiento ha
presentado los diálogos de paz a la opinión pública. Partiendo de subrayar que
este tercer punto contiene 7 acápites[2] que
referencian a múltiples aspectos, en su debate se torna inevitable avanzar en
mínimas claridades conceptuales sobre nuestro conflicto social político armado,
que el gobierno y la gran prensa prefieren soslayar.
La primera reflexión es que en La Habana avanzamos hacia la
terminación del componente armado del conflicto, pero no del conflicto en su
totalidad que se compone de dimensiones políticas y sociales. De darse el
acuerdo de paz no viene ningún posconflicto, sino que continua y se desarrolla
el conflicto social y político solo que despojado de su elemento bélico. La
complejidad del proceso de diálogos se trata precisamente de que fijaría las
reglas de juego para que el conflicto social y político colombiano pueda
dirimirse de forma incruenta, lo que implica inexorablemente el desmonte de las
estructuras sociales y políticas que han encausado la confrontación ideológica
y de clase hacia la guerra. Esta claridad incluso la expone con nitidez el
delegado presidencial para el inicio de los diálogos, y hermano mayor del presidente, Enrique Santos
Calderón cuando afirma en su último libelo propagandístico: “El fin de la
confrontación armada no será el fin del conflicto social y político. Este
continuará, y posiblemente, se intensificará, en forma de protestas sociales,
paros campesinos, huelgas obreras o movilizaciones cívicas de diferente índole.[3]” A
riesgo de sonar contradictorio, de lo que se trata es de terminar la guerra
para desarrollar el conflicto.
En segunda instancia, y en consonancia con esta concepción, el
debate de Fin del conflicto no se encuadra como lo pregona el gobierno en la
definición manualesca de DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción), sino que
dado el carácter histórico de la confrontación, su raigambre social y política,
así como la misma correlación de fuerzas en el campo de batalla de esta guerra
de más de 50 años, tal cual como lo expone la agenda del punto, 3 se abordarán
aspectos tan diversos que engloban la libertad de los prisioneros de guerra de
las FARC-EP , los “ajustes institucionales requeridos para la paz” o el
“esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo” entre tantos otros.
Se torna evidente la densidad y altura de la polémica en este punto,
ya que sintetiza la historia misma del conflicto armado para su solución;
estamos ante un proceso histórico que no se reduce a meros artificios
administrativos, sino que requiere de compromisos y tiempos distintos a los que
hoy afanan a la Casa de Nariño. Papel central jugará sin duda la comisión técnica
militar que aportará varios de los aspectos específicos necesarios para el fin
del conflicto armado, pero también el informe de la Comisión Histórica del
Conflicto y sus víctimas, dando pautas sobre el origen y combustibles de esta
guerra, así como claves para su desescalamiento y desmonte.
En tercer lugar, como común denominador en todos los debates para la
paz, no se puede perder de vista la bilateralidad del proceso. El punto del Fin
del conflicto no es el punto de rendición de las FARC-EP y ni siquiera de
entrega de sus armas, sino de la terminación de una guerra que no ha tenido un
único bando en combate, lo que implica la construcción de medidas para
desactivar todas las partes contendientes. Una lectura sesuda de los acápites
del punto 3 dejaría claro que cuando los compromisos competen exclusivamente a
una de las partes de la mesa, ésta queda expresa en el documento, lo que
permite entender que las acciones reseñadas genéricamente corresponden a ambos
contrayentes del Acuerdo general.
En tal sentido, el ítem de “Dejación de armas” no precisa que sea la
dejación de armas de la guerrilla, y de entrada debe ser aplicable para ambos
contendientes, con la claridad política que dejación no significa desarme ni
entrega sino su no utilización. Huelga decir que la no utilización de las armas
de los combatientes, no dependerá solamente de la determinación de una de las
partes sino del carácter bilateral y sostenido del cese de fuegos y de
hostilidades. Precisamente por los peligros que acechan a la construcción de la
paz, difícilmente las partes en contienda aceptarán quedar inermes, pero
indefectiblemente el proceso de paz se trata de comprometerse a no seguir usado
las armas para sus objetivos políticos, es decir a cesar la violencia política.
Y aquí subrayo que ha de ser un compromiso bilateral, ya que el estado y las
clases dominantes han sido los primeros en juntar política y armas, en
“combinar las formas de lucha” en un país cuya existencia como república
descansa sobre el magnicidio de Sucre y donde en pleno 2015 siguen cayendo
asesinados dirigentes sociales y populares, como en el reciente caso del
compañero Carlos Pedraza del Congreso de los Pueblos. Si la gran prensa siembra
cizaña y alega desconfianzas en las FARC-EP, habría que esgrimir que fundadamente
la insurgencia y los sectores populares tenemos razones de sobra contrastadas
históricamente, para dudar de la probidad del establecimiento y exigir todas
las medidas para evitar un nuevo genocidio político. Los guerrilleros de la
comisión técnica militar se denominan Comando de Normalización, precisamente
porque no están pidiendo el desarme de su contraparte, sino que ésta se encause
hacia una institución militar acorde a un país no signado por la guerra civil,
es decir a que las fuerzas oficiales depongan sus armas que han blandido por
más de 50 años contra la oposición política. De eso se trataría la
normalización que los delegados gubernamentales llaman transición que se
iniciaría con el cese bilateral indefinido.
Antes que los reporteros malintencionados presenten esta claridad
conceptual como una triquiñuela in extremis de las FARC-EP, para según sus términos “hacerle trampa al país”, acudamos otra vez al
mismísimo Enrique Santos, que atestigua como esta diferenciación ha estado
presente para las partes sentadas en la mesa desde la construcción misma de la
agenda[4]. Supongo
también, que se ha decantado con nitidez la diferencia entre reincorporación de las FARC-EP a la vida
civil –en lo económico, lo social y lo político- como lo reza el acuerdo, y la desmovilización, concepto que no aparece
en lo firmado y que según lo anunciado por los voceros insurgentes no está en
la agenda de la guerrilla, ya que plantean mantenerse como movimiento político
y no disolverse ante un posible acuerdo, justamente porque como ya señalamos
con anterioridad el conflicto seguirá después de un posible acuerdo.
Para claridades en este sentido es importante apelar a experiencias
internacionales que rompen con el fetiche de la burguesía colombiana de entrega
de armas y sometimiento a la justicia. En el Ulster el IRA decretó cese al
fuego desde 1997 para impulsar el proceso de paz que se plasmó en el Acuerdo del Viernes Santo en 1998 que
incluyó entre otros temas reformas policiales y administrativas para Irlanda del Norte y la liberación de los
prisioneros políticos, incluidos aquellos condenados a varias cadenas
perpetuas; no obstante, la guerrilla irlandesa solo renuncia oficialmente a la
lucha armada en 2005 cuando los grupos paramilitares unionistas se desmantelan
y solo hacia 2008 se desintegra como cuerpo armado, en el marco de un gobierno
de coalición protestante-católica conformado en 2007 y del que formaba parte el
Sinn Féin, su partido político. Los republicanos irlandeses hacen dejación y no
entrega de armas en medio de la verificación internacional, situación aceptada
por su contraparte, el poderoso Reino Unido, que adelantaba sus compromisos
contraídos por los acuerdos de paz.
En Nepal entre la firma del acuerdo de paz en 2006 y la entrega del
PLA[5] de las
llaves de sus depósitos de armas en 2011 a una comisión pluripartidista, se
convocó una Asamblea Constituyente conformada bajo un sistema mixto de elección
que eliminó la monarquía motivante de la guerra y el Partido Comunista de
Nepal-Maoísta –organización política que dirigía la guerrilla- entró a formar
parte de la nueva coalición de gobierno. Tanto Prachanda como Bhattarai,
máximos jefes de la guerrilla maoísta fueron no solo constituyentes, sino los
primeros ministros entre 2009 y 2013, que garantizaron el cese al fuego
bilateral así como el acuartelamiento de guerrilla y ejército nepaleses para la
dejación de armas.
Algo similar fue lo ocurrido en Sudáfrica donde el Umkhonto WeSizwe,
MK, brazo armado del Congreso Nacional Africano, si bien había suspendido
actividades militares desde 1990, solo se desintegró después de 1994 bajo el
gobierno de Nelson Mandela quien había sido precisamente su primer comandante
en 1961. No sobra recordar que esto fue posibilitado por los acuerdos de paz
que abrieron el proceso constituyente de democratización de Sudáfrica. Gracias
a los diálogos iniciados con la excarcelación de prisioneros políticos del MK y
el CNA, se promulga una constitución provisional en 1993 que permite el voto
libre, la elección de Mandela y convoca la Asamblea Nacional Constituyente que
promulgará la Constitución sudafricana de 1996. Es bajo este contexto de
transformaciones políticas y apertura de garantías democráticas que se produce
la dejación de armas del MK.
En El Salvador, la dejación de armas del FMLN bajo la verificación
internacional estuvo acompasada con una profunda reforma a las fuerzas
militares y de policía del estado centroamericano, pactada en los acuerdos de
1992. En los Acuerdos de Paz de Chapultepec se consagra la transformación doctrinaria,
depuración y reducción sustancial de las Fuerzas Armadas del El Salvador, FAES,
con la supresión de cuerpos élites, la
eliminación de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda, así como la
creación de la Policía Civil Nacional, cuerpo desmilitarizado conformado en un
tercio por combatientes guerrilleros. Como puede apreciarse la dejación de
armas no es un acto en sí mismo sino un proceso histórico complejo que parte de
la suspensión de acciones militares insurgentes y de ceses bilaterales de fuegos,
más no de la entrega de armas a la contraparte. De resaltar que este tránsito
está acompañado por las reformas estructurales que ofrecen las reales garantías
de incorporación de las guerrillas y movimientos sociales a la vida política
abierta, es decir por el desmonte de la violencia política como recurso del
sistema en el poder. Más allá de aspectos técnicos en términos
socio-estructurales, la “dejación de armas” en cuanto terminación de la
violencia política siempre será un proceso bilateral.
Aunque el gobierno y sus medios de comunicación lo nieguen la
reforma a las FFMM está sobre la mesa: de eso también se trata la dejación de
armas y la salida política. La necesaria transformación de la fuerza pública
seguro implicará un debate con una importante sector del actual bloque
hegemónico, dada la progresiva incorporación del estamento militar como una
facción de clase dentro de la coalición dominante y la apropiación de cierto
militarismo fascistoide como parte del discurso ideológico de la derecha colombiana.
Equivocadamente el ministro Pinzón pretende construir la paz sin que se le
mueva un pelo ni a él ni a su complejo militar industrial. La apuesta del
gobierno y los militares ante un eventual acuerdo de paz, es reacomodar el
hipertrofiado pie de fuerza sin reducir su número a través de la
mercenarización de nuestros soldados vía “cooperación internacional” como se
devela en los acuerdos militares con la ONU, OTAN y demás; la promoción de la
venta de servicios y la promoción de las llamadas alianza público-privadas como
se expresa hoy en el denominado GSED (Grupo Empresarial y social de la Defensa)[6];y
mediante la proyección de la llamada “seguridad ciudadana y rural” bajo el
sofisma de las nuevas amenazas criminales.
La reingeniería de las FFMM para la paz no puede guiarse por la
rebatiña entre las camarillas militares por el control de funciones y
presupuestos, ni detenerse ante los intereses políticos y económicos creados
por generales de los distintos cuerpos o contratistas del sector, que es lo que
traslucen la mayoría de propuestas gubernamentales. Haciendo un parangón con el
cierre imperfecto del ciclo de La Violencia, la solución política en curso debe
significar cuando menos una transformación esencial de la fuerza pública a
través un nuevo pacto que reemplace aquel antidemocrático acuerdo que sellase
Lleras Camargo con sus generales en plena Guerra Fría. Se requiere cuando menos
una seria reforma doctrinaria, de estructura y de tamaño, en un debate abierto
al país, que inicia en la mesa de La Habana con los insumos invaluables de la
comisión técnico militar integrada por comandantes de los dos bandos
contendientes, pero que requerirá del concurso del pueblo soberano en la ANC
para la paz. Sin forzar mucho la comprensión de lectura supone uno que estos
ineludibles cambios en las FFMM hacen
parte de “las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer
frente a los retos de la construcción de la paz” plasmados en el punto 3.5 de la agenda de
discusión firmada por gobierno y guerrilla.
[1] Al respecto ver no solo los múltiples pronunciamientos del ELN al
respecto que han sido de amplia difusión, sino la carta abierta del Mando
General del EPL y el Comité Ejecutivo Central del PC de C (ML) de julio de 2014
donde suscriben no solo una propuesta de diálogo de paz sino de Asamblea
Nacional Constituyente para la solución política al conflicto.
[2] El punto 3 del Acuerdo General que define la agenda de diálogo reza
textualmente: “3. Fin del
conflicto. Proceso integral y simultáneo que implica: 1. Cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo.2. Dejación de las armas. Reincorporación
de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político -, de
acuerdo con sus intereses.3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la
situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por
pertenecer o colaborar con las FARC-EP.4. En forma paralela el Gobierno
Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales
y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad,
en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre
o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos. 5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y
los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
6. Garantías de seguridad. 7. En el marco de lo establecido en el Punto 5
(Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del
paramilitarismo. La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe
desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.”
[3] SANTOS CALDERON, Enrique. Así empezó todo. 2014. Pág. 124.
[4] “El punto de dejación de armas fue, no casualmente, el más demorado
y complicado en los encuentros exploratorios. No aceptaron que figurara el
término entrega de armas en el texto del acuerdo” ibíd.Pág. 124.
[5] Ejército Popular de Liberación, por sus siglas en inglés. Brazo
armado del Partido comunista de Nepal- Maoísta, (CPN-M por sus siglas en
inglés) guerrilla que desarrolló la llamada Guerra Popular entre 1996 y 2006 en
el país asiático.
[6] Como lo afirma el mismo Pinzón en su publi-reportaje de la revista
Dinero del mes de enero: “Cuando nos
referimos al Ministerio de Defensa de Colombia estamos hablando tal vez de una
de las empresas más grandes del país y de la región, y la más grande empleadora
de Colombia: medio millón de personas –militares, policías y civiles–, un
presupuesto del orden de $28 billones, un sector que tiene 19 empresas
concentradas en el Grupo Empresarial y Social de la Defensa –GSED–, con
ingresos por $7 billones, obviamente un porcentaje importante en temas
pensionales, pero que generó a finales de 2014 utilidades superiores a los
$180.000 millones y exportaciones cercanas a los $30.000 millones Además,
cuenta con la que puede ser la EPS más grande del país, con cerca de 1,4 millones
de usuarios” Cerca de 65% de los ingresos corresponden a aportes de la
Nación, lo que implica una creciente inversión privada en este conglomerado
militar. Articulo MINDEFENSA INC. Revista Dinero. Edición 461. Enero de 20015.
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